10 de abril de 2008
Artículo de L. Daniele y M. Asenjo publicado en ABC el 10/04/2008
La confrontación entre la Iglesia católica y el Ministerio de Educación sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía no tiene tregua. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha asegurado que «cuanto mayor sea el número de padres» que objeten esta materia, «más fácil resultará resolver el problema».
Durante una conferencia pronunciada en Logroño sobre «Iglesia y Estado. La perspectiva del Concilio Vaticano II», el número uno de la Iglesia católica española afirmó que, pese a que «hay que tener cierta voluntad de sacrificio a la hora de padecer posibles consecuencias» éstas «serán menores si se unen muchos padres a esta campaña». Rouco recordó que los obispos apoyan a los padres «en el uso de todos los medios legítimos que les permitan afirmar sus derechos, entre los que se encuentra la objeción de conciencia», informa Ep.
Derecho de todos
Además, señaló que la objeción es un derecho, que «se debe poder ejercer en cualquier colegio», puesto que «el hecho de imponerla (la asignatura) choca contra el ideario». En el caso de las escuelas católicas, precisó que «debemos ser ejemplares» en «el ejercicio del derecho de libertad religiosa».
Para el prelado, la programación de la asignatura «incluye lecciones sobre lo que es el hombre o sobre los principios de la moral», mientras que «sólo al final hace alguna alusión al régimen político de la democracia o los derechos fundamentales». Entre las posibles soluciones que podría zanjar la brecha entre la Iglesia y Educación, Rouco Varela apunta la posibilidad de que pase a ser optativa para que los «padres puedan elegir».
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, no ha tardado en responder, recordando a las familias que han decidido acogerse a la objeción que, «de seguir» el consejo del prelado, «habrá consecuencias». Para Cabrera, «la objeción requiere una regulación legal y las instituciones deberían informar de que se trata de una asignatura exactamente igual de obligatoria que el resto. Por tanto, las consecuencias de promoverla son las que son y hay muchas familias que no lo saben».
Hasta el momento, y según estimaciones del Foro Español de la Familia (FEF), una de las organizaciones promotoras de la objeción, se han presentado 27.000 peticiones, aunque podrían ser más porque algunas no se han tramitado. Encabeza la lista Castilla-La Mancha, con más de 6.000 solicitudes, seguida de Madrid (unas 5.600), Andalucía (4.800), Murcia (casi 2.000) y Valencia (1.050). Por el contrario, en La Rioja sólo se han registrado 48 objeciones y en Baleares apenas una decena. Las comunidades en las que gobierna el PP han anunciado su apoyo a los objetores, a los que ofrecerán alguna alternativa a la asignatura.
Enviado por la Delegación FAPA "Sierra de Guadarrama"
