El centro le costó 1,5 millones al Gobierno regional y ahora será concertado
"No queremos ser el laboratorio de la privatización de la educación madrileña". Con esa declaración de intenciones, profesores, padres y alumnos apoyaron ayer la jornada de huelga convocada por los sindicatos en los dos centros educativos públicos de El Álamo (7.300 habitantes), que fue secundada por el 80% del personal docente. La causa: la privatización del colegio Miguel Ángel Blanco, construido por el Gobierno regional y que será cedido por el Ayuntamiento a una empresa privada. El centro pasará a ser concertado.
El PSOE y los sindicatos anuncian que recurrirán la decisión
"Queremos decirle a la Comunidad y al Ayuntamiento que estamos en contra de esta privatización y que vamos a seguir luchando para que no se lleve a cabo", explicó ayer Ángel Sanz, profesor del instituto del municipio. Beatriz Sánchez, profesora del otro centro público, el colegio El Álamo, criticó que con esta decisión "sólo quedará un centro público de Infantil y Primaria en el municipio y estará totalmente masificado".
Los docentes de la localidad mantuvieron durante la mañana una reunión con el director territorial de Educación, que les confirmó que la privatización seguirá adelante. En la reunión, los profesores pidieron que el sueldo que no cobrarán por la jornada de huelga vaya las arcas municipales. "Si la causa de vender un centro escolar es que el Ayuntamiento no tiene dinero para mantenerlo, con esta oferta simbólica los profesores pretenden poner su granito de arena para que la privatización no se lleve a cabo", señaló el presidente de la Junta de Personal Docente en el sur de la región, Gabriel Montes.
El Ayuntamiento aprobó el 19 de marzo el concurso para la gestión privada del colegio Miguel Ángel Blanco durante 50 años a cambio de un canon de 75.350 euros mensuales durante los dos primeros años y de 50.000 euros anuales durante el resto del periodo de concesión. El próximo día 29 acaba el plazo para la presentación de ofertas.
El Gobierno regional invirtió más de un millón y medio de euros en la construcción de la primera fase del colegio público, que fue creado jurídicamente y puesto en funcionamiento a través de sendas órdenes publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en junio y julio de 2007.
A mediodía de ayer, unas 250 personas se concentraron frente a la sede del Ayuntamiento para protestar por la decisión de sacar a concurso la gestión del colegio. Tanto el PSOE como los sindicatos anunciaron que llevarán a los tribunales la cesión del centro. El Ayuntamiento y la Consejería de Educación guardaron ayer silencio sobre las protestas.
Artículo publicado en El País por Javier S. Del Moral - 23/04/2008