El boicoteo a Educación para la Ciudadanía de obispos y PP desafía el Estado de derecho: la ley se cumple o se recurre, pero no se objeta.
Otra paradoja: la objeción de los padres la pagarán sus hijos
Ni por razones morales, filosóficas ni religiosas. La ley está para cumplirla -o para recurrirla- y no para saltársela alegando objeción de conciencia si no lo establece así una ley o la doctrina del constitucional. Sobre la mesa está Educación para la Ciudadanía, una asignatura obligatoria aprobada por el Parlamento para enseñar valores constitucionales, éticos y sociales a los estudiantes.
Seis tribunales superiores autonómicos se han tenido que manifestar sobre si se puede objetar a ella desde que en diciembre de 2006 los obispos y diversas organizaciones sociales iniciaron una campaña para animar a los padres de alumnos a no cursarla.
Aunque la mayoría de las sentencias (cuatro) aseguran que no cabe acogerse legalmente a esa objeción, las otras dos, procedentes de una misma sala de Andalucía, lo califican como "un derecho de los padres". Ante esta diversidad, el Tribunal Supremo tendrá la penúltima palabra. No es descartable que acabe en el Constitucional.
Pero, mientras, la opinión mayoritaria de los juristas es clara: no cursar una asignatura obligatoria es incurrir en desobediencia a la ley. ( Ver más... )
Reportaje de SUSANA PÉREZ DE PABLOS publicado en El País - 23/05/2008
